Aún hoy, en el año 2010, después del holocausto, la esclavitud y las cruzadas, persiste en algunas personas la idea de una categoría superior de ser humano. Me atrevo a decir, incluso, que hay quienes consideran, ya sea con intenciones plenas o por mala interpretación de los instrumentos jurídicos, que hay condiciones que satisfacer para poder ser llamado "ser humano".
El pasado sábado, por ejemplo, se publica en el periódico La Nación un artículo de Fernando Quesada Rojas, exrector de la Universidad Católica, en el cual, utilizando el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, afirma que es un derecho humano, para quienes se congregan en esta iglesia, recibir educación religiosa católica en las escuelas y colegios de nuestro país.
Para realizar dicha afirmación, dice el autor que no se debe buscar en la legislación vigente ni en la Constitución Política. Se basa, además de en el derecho natural, en el artículo 18, inciso 14, del pacto anteriormente mencionado.
"Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones."
Ante esto, me surgió la interrogante que ya muchos hemos planteado. ¿Qué sucede con las personas cuya religión no es el catolicismo, o no tienen una del todo? No queda clara la posición del autor con respecto a estos casos; sin embargo, ya anteriormente se ha defendido la exclusividad de la educación católica, utilizando como algunos de sus argumentos, la congregación de la mayoría de la población en esta iglesia, el caracter oficial que tiene el catolicismo en nuestro país, y la imposibilidad del Estado para brindar educación según todas y cada una de las distintas religiones.
Lo anterior, entraría en contradicción con el artículo 2, inciso 2, del mismo pacto que el autor utiliza para sustentar sus afirmaciones:
"Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a TODOS los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social."
La solución para este conflicto debe ser discutida. Por desgracia, la que se llevó a cabo con respecto al Estado laico fue satanizada y rápidamente enterrada en nuestra Asamblea Legislativa. Sin duda alguna, ofrecer todas las opciones en educación religiosa no es viable, por lo que la total separación del Estado en asuntos religiosos pareciera ser la mejor solución.
Resulta increíble que haya que ser tan redundante a la hora de explicar el campo de aplicación de estos instrumentos de derecho universal. No existen condiciones para ser humano más allá de las biológicas, por lo que no deberían existir condiciones para el cumplimiento de estos derechos. Utilizar estos pactos para validar la exclusión de las minorías del disfrute de estos derechos sería totalmente contradictorio e inválido. Eso es algo que muchos, quienes aún quieren imponer su visión de mundo sobre todos los individuos, requieren comprender.
Sólo así, podremos seguir nuestra evolución como sociedad y disminuír las desigualdades que cada vez se acrecentan más en un país cuyo estandarte de democracia e igualdad comienza a verse pequeñito a la par de otros países que ya nos están tomando gran delantera.
